Marcos Oliveira todavía escucha la voz de Chico cuando entra a la cocina por las mañanas. "Buenos días, Marquitos", repetía el loro amazónico cada vez que oía sus pasos en el pasillo. Después de 14 años de convivencia, el ave había aprendido más de 40 frases, reconocía a cada miembro de la familia por su nombre y cantaba fragmentos de canciones populares brasileñas que escuchaba en la radio.

Ahora, la jaula junto a la ventana está vacía. Chico fue confiscada el 12 de febrero por agentes del IBAMA — el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables — durante un operativo de rutina contra el tráfico ilegal de fauna silvestre en el barrio Cidade Nova de Manaos, capital del estado de Amazonas.

Según el acta de decomiso, la familia no contaba con el Certificado de Registro de Fauna (CRF), el documento legal exigido por la legislación brasileña para la tenencia de animales silvestres en cautiverio. Sin este certificado, la posesión de cualquier especie nativa se considera una infracción ambiental tipificada en la Ley de Crímenes Ambientales (Ley 9.605/98), con penas que pueden incluir multas de hasta 500 mil reales y la detención del animal.

Un operativo de rutina que terminó en tragedia

Lo que la familia Oliveira no esperaba fue la notificación que recibió once días después de la confiscación. El 23 de febrero, un técnico del Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Manaos les comunicó por teléfono que Chico había sido sacrificada mediante eutanasia.

"Nos dijeron que el loro presentaba signos de dependencia extrema de los humanos y que no era viable su reintroducción al hábitat natural. Que era lo mejor para el animal. ¿Lo mejor? Chico estaba perfectamente sana. Comía, cantaba, hablaba. ¿Cómo puede ser lo mejor matarla?"

Las palabras son de Rejane Oliveira, esposa de Marcos y quien considera que Chico era "como una hija más" en la casa donde también viven sus tres hijos de 8, 12 y 16 años. El menor, Lucas, no ha dejado de preguntar cuándo vuelve el pájaro.

El IBAMA, en un comunicado enviado a VAS Magazine, explicó que el procedimiento siguió los protocolos establecidos por la Instrucción Normativa nº 23/2014, que establece que los animales confiscados que no pueden ser devueltos a la naturaleza ni transferidos a criaderos autorizados deben ser sometidos a eutanasia para "evitar el sufrimiento prolongado en condiciones de confinamiento institucional".

Un problema sistémico

Brasil alberga cerca del 20% de todas las especies de aves del planeta, y el tráfico de fauna silvestre mueve aproximadamente 2.500 millones de reales al año en el país, según datos del Instituto Renctas. Los loros amazónicos — especialmente las especies Amazona aestiva y Amazona amazonica — son los más codiciados por su capacidad de imitar el habla humana.

Pero los expertos reconocen que la línea entre el tráfico criminal y la tenencia familiar es a menudo difusa. "Hay familias que compraron estos animales hace décadas en ferias callejeras sin saber que era ilegal. No son traficantes. Son personas que criaron a un animal con amor durante años", explica la bióloga Marina Vasconcelos, investigadora de la Universidad Federal de Amazonas (UFAM) especializada en fauna silvestre urbana.

Según datos obtenidos por VAS Magazine a través de la Ley de Acceso a la Información, el CETAS de Manaos recibió 3.847 animales silvestres durante 2025. De estos, 612 fueron sacrificados — un 15,9% — por no cumplir los criterios de liberación ni encontrar plazas en centros de rehabilitación autorizados, que operan crónicamente por encima de su capacidad.

"El sistema está roto. Confiscamos animales que no tenemos dónde poner. Los centros están llenos. Las opciones son liberar — lo que puede matar al animal — o sacrificar. Nadie quiere hablar de esto, pero es la realidad de la fiscalización ambiental en Brasil."

La declaración, hecha bajo condición de anonimato, proviene de un funcionario del IBAMA que participó en la operación del 12 de febrero.

La familia lucha por justicia

Los Oliveira han contratado al abogado ambientalista Rodrigo Pimentel, que ya ha presentado una demanda contra el IBAMA ante el Juzgado Federal de la 1ª Sección Judicial de Amazonas. La acción argumenta que la eutanasia fue "desproporcionada, innecesaria y realizada sin agotar las alternativas legales previstas en la normativa", y solicita una indemnización de 150 mil reales por daño moral.

"La ley prevé la posibilidad de dejar al animal bajo la custodia del tenedor mediante un Término de Guarda Provisoria mientras se regulariza la situación documental. El IBAMA tenía esa opción y no la utilizó", afirma Pimentel.

La senadora por Amazonas, Leila Barros, anunció que convocará una audiencia pública en la Comisión de Medio Ambiente del Senado para discutir "la urgente necesidad de revisar los criterios de sacrificio de animales confiscados". "No podemos seguir matando lo que decimos proteger", declaró la senadora en una conferencia de prensa en Brasilia.

Un vacío que nadie llena

En la casa de los Oliveira, en una calle tranquila de Cidade Nova, la jaula de Chico permanece en su lugar habitual, junto a la ventana que da a un mango centenario. Marcos dice que no puede quitarla. "Cada vez que paso por ahí espero escucharla. Es un silencio que duele".

Rejane muestra en su teléfono un video grabado el 10 de febrero — dos días antes del operativo — donde se ve a Chico balanceándose en su percha mientras repite "te quiero, mamá" con una claridad sorprendente. Es el último registro que tienen del ave.

"Nos dicen que lo hicieron para proteger la fauna. Pero Chico no era fauna. Chico era familia".