Graciela Montoya escuchó los ladridos de los perros a las seis de la mañana del jueves 27 de febrero. Desde la ventana de su casa, ubicada en un loteo abierto a 300 metros del barrio cerrado Estancias del Pilar, vio la camioneta blanca de la municipalidad estacionada junto a la laguna y a tres hombres con guantes gruesos que rodeaban algo entre los juncos. No necesitó acercarse para saber de qué se trataba. "Vinieron a buscar a Gordo", le dijo a su marido. "Los muy hijos de puta vinieron a buscar a Gordo".

Gordo era un carpincho macho adulto de aproximadamente 60 kilos que desde al menos 2023 habitaba los humedales y pastizales que bordean la laguna artificial del barrio cerrado Estancias del Pilar, un complejo residencial de 180 lotes con piletas, canchas de tenis y seguridad privada las 24 horas, ubicado en el kilómetro 52 de la Ruta Panamericana, en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. Para los vecinos de los loteos abiertos y los barrios populares circundantes, Gordo era una presencia familiar y querida. Los chicos del barrio lo iban a ver después de la escuela. Los pescadores de la laguna lo saludaban por su nombre. Graciela Montoya le dejaba zapallos y batatas junto a los juncos los domingos por la mañana.

A las 7:15 de la mañana del 27 de febrero, un operativo coordinado entre la Dirección de Zoonosis del municipio de Pilar y agentes de la Dirección Provincial de Flora y Fauna del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) capturó al carpincho mediante un lazo metálico y lo cargó en la caja de una camioneta Toyota Hilux blanca con el escudo municipal en las puertas. Según el acta labrada por los agentes, el animal fue trasladado a un predio municipal en el Parque Industrial de Pilar, donde fue sacrificado mediante inyección de pentobarbital sódico a las 9:40 de la misma mañana. La justificación consignada en el acta: "Riesgo sanitario y peligro para los residentes del complejo urbano lindante".

La noticia del sacrificio de Gordo provocó una reacción inmediata en Pilar y más allá. Esa misma tarde, unas 200 personas se congregaron frente a la sede de la municipalidad sobre la calle Rivadavia, portando carteles con fotos del carpincho y coreando consignas contra el intendente municipal, Federico Achával. La concentración, convocada de manera espontánea por vecinos de la zona a través de grupos de mensajería, duró hasta la medianoche y concluyó sin incidentes pero con un claro mensaje: el caso de Gordo había tocado una fibra sensible en una comunidad que lleva años observando cómo los humedales que rodean sus barrios desaparecen bajo el concreto de los emprendimientos inmobiliarios.

"Gordo vivía ahí antes que el country. Esa laguna y esos juncos eran su casa. Después vinieron los del barrio cerrado, rellenaron, hicieron piletas, pusieron rejas, y ahora resulta que el animal es el problema. Es al revés: ellos son los invasores", dice Montoya, de 58 años, maestra jubilada y vecina de la zona desde 1997, sentada en el banco de cemento frente a su casa, con los ojos enrojecidos.

El operativo que culminó con la muerte de Gordo fue solicitado formalmente por la administración del barrio cerrado Estancias del Pilar mediante una nota dirigida a la Dirección de Zoonosis del municipio con fecha 18 de febrero de 2026. VAS Magazine obtuvo una copia de la nota, firmada por el administrador del complejo, el contador Martín Bruzzone, que describe al carpincho como "un animal de gran tamaño que merodea las instalaciones del barrio, accede a los jardines de los residentes, defeca en las áreas comunes y constituye un riesgo de transmisión de enfermedades, especialmente leptospirosis, para los niños y las mascotas del complejo".

La nota fue acompañada por un petitorio firmado por 47 de los 180 propietarios de Estancias del Pilar — el 26% — solicitando "la remoción inmediata del animal por los medios que las autoridades consideren apropiados". Entre los firmantes figuran un ex juez de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, una socia fundadora de un estudio de abogados de Puerto Madero y el director de una cadena de concesionarios de automóviles, según los registros del consorcio del barrio a los que VAS Magazine tuvo acceso.

"Esas 47 firmas son de personas que compraron lotes sobre un humedal rellenado y ahora quieren que la naturaleza se adapte a ellos. No es un reclamo sanitario. Es un reclamo de clase. El carpincho no es un riesgo. Es un inconveniente estético para gente que pagó 200.000 dólares por un lote con vista a la laguna."

La declaración es de la abogada ambientalista Florencia Gómez, directora de la organización Humedales Sin Fronteras, que el 28 de febrero presentó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) de San Isidro contra el intendente Achával, el director de Zoonosis municipal y el administrador del barrio cerrado por presunta infracción a la Ley Nacional de Fauna Silvestre 22.421 y al artículo 183 del Código Penal argentino, que tipifica el daño intencional a animales. Las penas previstas van de 15 días a un año de prisión.

El municipio de Pilar, a través de su Secretaría de Comunicación, emitió un comunicado el 28 de febrero en el que justificó el operativo afirmando que "se actuó en el marco de las facultades municipales de protección de la salud pública y en coordinación con las autoridades provinciales competentes". El comunicado citó la Ordenanza Municipal 5.412/2019 de control de fauna silvestre urbana y la Ley Provincial 11.723 de medio ambiente como fundamento legal.

Sin embargo, el argumento sanitario fue cuestionado por veterinarios y biólogos. El Dr. Sebastián Cirignoli, investigador del CONICET y especialista en mamíferos grandes del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL), con sede en Corrientes, dijo que la leptospirosis transmitida por carpinchos a humanos "es teóricamente posible pero estadísticamente insignificante" en contextos suburbanos.

"No existe en la literatura epidemiológica argentina un solo caso documentado de transmisión de leptospirosis de carpincho a humano en un entorno residencial. La principal fuente de leptospirosis urbana son las ratas de alcantarilla, no los carpinchos. Usar el argumento sanitario para justificar la matanza de un carpincho es científicamente deshonesto", afirmó Cirignoli.

El caso de Gordo se inscribe en un conflicto más amplio que enfrenta a desarrolladores inmobiliarios y vecinos de barrios cerrados con la fauna silvestre de los humedales del norte del Gran Buenos Aires. La expansión de urbanizaciones cerradas sobre humedales y bañados en los partidos de Pilar, Escobar, Tigre y Campana ha destruido miles de hectáreas de hábitat natural en las últimas dos décadas, empujando a los carpinchos, coipos, lagartos overos y otras especies a convivir cada vez más cerca de las zonas residenciales.

"Es un patrón que se repite en todo el conurbano norte. Se rellenan humedales para construir barrios privados, los animales que vivían ahí quedan atrapados en los fragmentos de hábitat que sobreviven, y cuando aparecen en los jardines o las lagunas artificiales, se los trata como plagas. Es una lógica perversa", explicó Rubén Quintana, biólogo de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y especialista en humedales del delta del Paraná.

Quintana recordó que un estudio de su equipo publicado en 2024 en la revista Wetlands Ecology and Management documentó la pérdida de 14.000 hectáreas de humedales en el partido de Pilar entre 2000 y 2023, principalmente por el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios. En el mismo período, la cantidad de barrios cerrados en el partido creció de 12 a 67. "Los carpinchos no están invadiendo los barrios. Los barrios invadieron los humedales. Gordo no estaba fuera de lugar. Los que están fuera de lugar son los countries", dijo Quintana.

El Estancias del Pilar fue desarrollado en 2004 por la constructora Grupo Monarca sobre un predio de 45 hectáreas que, según cartografía histórica del Instituto Geográfico Nacional, estaba clasificado como "bañado permanente" hasta al menos 1998. El permiso de construcción fue otorgado por la municipalidad de Pilar bajo la intendencia de Humberto Zúccaro mediante la Resolución 1.187/2003, que autorizó el relleno de 28 hectáreas de humedal para la conformación de los lotes y las áreas comunes del emprendimiento.

La legalidad de aquella resolución fue impugnada en 2005 por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ante el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Nro. 2 de San Martín, pero la causa fue desestimada por falta de legitimación activa. No se realizó en ningún momento un estudio de impacto ambiental previo, según consta en el expediente administrativo municipal al que VAS Magazine tuvo acceso.

Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, calificó el sacrificio de Gordo como "un acto de barbarie institucional" y anunció que su organización se presentará como querellante en la causa penal. "Lo que ocurrió con este carpincho es el síntoma más visible de una enfermedad estructural: la ausencia de una ley nacional de humedales que proteja estos ecosistemas de la especulación inmobiliaria. Esa ley fue aprobada por el Senado en 2020 y 2022, y en ambas ocasiones perdió estado parlamentario en Diputados por la presión de los lobbies inmobiliario y agropecuario. Mientras no exista esa ley, los humedales — y los animales que dependen de ellos — van a seguir siendo sacrificados en el altar del negocio inmobiliario."

El proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Humedales, conocido popularmente como "Ley de Humedales", fue uno de los debates ambientales más intensos en la historia reciente del Congreso argentino. Obtuvo media sanción del Senado en noviembre de 2020 y nuevamente en noviembre de 2022, pero en ambas ocasiones caducó en la Cámara de Diputados al no ser tratado dentro del plazo constitucional. Legisladores de diversos bloques señalaron informalmente que la presión de cámaras empresariales ligadas al sector inmobiliario y agropecuario del conurbano norte fue determinante para que el proyecto no llegara al recinto.

Pablo Lada, de 44 años, pescador artesanal que frecuenta la laguna desde hace 15 años, dijo que Gordo solía acercarse a su posición de pesca los sábados por la mañana. "Se sentaba ahí, a tres metros, y te miraba pescar. No molestaba a nadie. Los perros del country le ladraban y él ni se movía. Era un animal tranquilo, manso. Los chicos del barrio le tiraban pedazos de manzana y él los comía de la mano. ¿Eso es un riesgo sanitario? ¿Un animal que come manzanas de la mano de un chico de diez años?"

La veterinaria Soledad Messuti, responsable del área de fauna silvestre del municipio de Escobar — partido limítrofe con Pilar que enfrenta conflictos similares — dijo que existen alternativas al sacrificio que la municipalidad de Pilar no consideró. "En Escobar implementamos un protocolo de coexistencia que incluye la señalización de zonas de tránsito de carpinchos, charlas con los vecinos de barrios cerrados, instalación de cercos perimetrales bajos que evitan el ingreso de los animales a los jardines sin bloquear sus corredores de desplazamiento, y la relocalización como último recurso. Funciona. No es perfecto, pero funciona. Y no requiere matar a nadie."

Messuti añadió que, desde la implementación del protocolo en 2023, Escobar no ha sacrificado ningún carpincho por conflictos con barrios cerrados. "Lo que se necesita es voluntad política. Y un poco de sentido común. Los carpinchos estaban ahí antes que nosotros. Aprender a convivir con ellos no es un acto de caridad hacia el animal. Es una obligación básica de cualquier sociedad que se considere civilizada."

La Dirección Provincial de Flora y Fauna del OPDS, que participó del operativo en Pilar, no respondió a las solicitudes de comentario de VAS Magazine. El OPDS depende del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, cuyo titular, Daniela Vilar, dijo a través de su oficina de prensa que "se está revisando el procedimiento aplicado y que se tomarán las medidas que correspondan si se detectan irregularidades".

En el barrio cerrado Estancias del Pilar, la vida ha vuelto a la normalidad. Los aspersores riegan los jardines, los chicos juegan en las canchas de tenis, la seguridad privada controla la barrera de ingreso. La laguna artificial sigue ahí, con sus patos decorativos y su muelle de madera. Pero los juncos donde Gordo solía descansar al mediodía están vacíos.

Graciela Montoya dice que no ha vuelto a dejar zapallos junto a la laguna. "¿Para qué? Ya no hay nadie que se los coma. Mataron al dueño de casa y ahora la casa está vacía. Y los responsables duermen tranquilos en sus camas de 200.000 dólares. Así es la Argentina."

Martín Aguirre informó desde Pilar, provincia de Buenos Aires. Investigación adicional por Natalia Revale desde La Plata.